“Funcionarios del CICPC me torturaron y obligaron a culparme por crimen del Juez”

Denunció el Oficial Agregado de Politáchira, Julio Alberto Masa

 “Funcionarios del CICPC me torturaron y obligaron a culparme por crimen del Juez”

José Ignacio Bolívar CNP 17.151

(prensapolitachira09@gmail.com).- Este lunes en horas de la mañana, en rueda de prenda ante los medios de comunicación, el Oficial Agregado de Politáchira, Julio Alberto Masa, denunció que fue víctima de torturas y amenazas de muerte por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes lo detuvieron, de manera ilegitima y violenta, el pasado viernes en horas de la mañana en la localidad de La Grita, por estar presuntamente involucrado en el crimen del Juez Edixon Olano Jaimes.

El efectivo policial, quien estuvo en compañía del sub-director de Politáchira, Leonardo Camargo, comentó que estuvo privado de su libertad desde el día viernes hasta el domingo en horas de la tarde, luego que el Sub/director del cuerpo policial, en compañía del Secretario Ejecutivo, Gerardo Rosales, y el abogado, Carlos Macero, se hicieron presentes en la sede detectivesca, donde les informaron que el Oficial no estaba detenido, pero contradictoriamente lo tenían recluido en los calabozos de esta Institución.

“Fue en ese instante que me liberaron, nadie sabía que estaba recluido en el CICPC, pues desde que me intervinieron en La Grita, me trasladaron directamente hasta la ciudad de San Cristóbal, donde me encerraron en los calabozos sin permitirme tener contacto con nadie, violándome todos mis derechos constitucionales, humanos y jurídicos”, argumentó Masa.

Le pidieron colaboración

Indicó el agraviado que fue intervenido por cuatro funcionarios del CICPC, quienes lo obligaron a abordar una camioneta 4Runner, color gris, donde le indicaron que debía colaborar con unas declaraciones para una investigación que estaba en curso, petición que éste aceptó, pues puntualizó que no debía nada a pesar de desconocer los motivos de la irregular situación.

“Al llegar a la sede del CICPC de San Cristóbal, la situación se tornó violenta, pues me encerraron en un calabozo y allí fui víctima de continuas torturas. En varias oportunidades me intentaron asfixiar mecánicamente y con una bolsa plástica. Me golpearon en múltiples oportunidades en el rostro con la mano abierta y me amenazaban de muerte, junto a mi esposa e hija, en caso de no declarar lo que ellos me decían”, apuntó.

También señaló que durante los casi dos días que estuvo privado de libertad en la sede detectivesca, lo entrevistaron en cuatro oportunidades, obligándolo, en cada una de ellas, a cambiar las versiones que realizaba. En primera instancia, indicó que lo obligaron a declarar que el martes se encontraba en una motocicleta de la Policía, situación que era falsa, puesto que ese día se encontraba libre de servicio.

“Yo les seguí la cuerda pues sabía que tenía como comprobar que eso era falso, en razón de que en la Estación Policial de La Grita llevamos un rol de guardia por escrito donde consta que estaba libre ese día; pero al parecer, ellos indagaron y tras darse cuenta que ese testimonio no les favorecía me volvieron a interrogar, esta vez, obligándome a declarar que el día martes yo me encontraba conduciendo un vehículo taxi, situación que también era falsa, pues realmente estaba en un taller mecánico, ubicado frente a la Prefectura de La Grita, arreglando un camión”, acotó.

Amenazas de muerte

Informó Masa que al no poder acomodar las declaraciones tal y como ellos querían, comenzaron a amenazarlo con matar a su esposa e hija, incluso, comentó que si no les colaboraba con firmar las declaraciones, iban a enviar una comisión del CICPC a su residencia en busca de su grupo familiar, por lo que finalmente, ante el aberrante acoso psicológico y físico, optó por firmar.

“Más allá de haber firmado unas declaraciones falsas, las cuales, puedo comprobar que no se ajustan a la realidad, responsabilizo públicamente al CICPC si a mi esposa o hija les llega a pasar algo, pues, en reiteradas oportunidades me amenazaron con matarlas en caso de no colaborarles y no hacer lo que ellos me pedían. El domingo me dejaron en libertad gracias a la intervención del doctor Camargo y el doctor Rosales, no sin antes, un médico forense levantar un informe donde dejaba constar que no presentaba ningún tipo de lesión, sin ni siquiera chequearme” argumentó.

“Presentaremos denuncia formal”

Por su parte, Camargo aseguró que en horas de la tarde del lunes presentarían la denuncia formal de este lamentable y reprochable proceder del CICPC ante la Fiscalía 20, pues, esta privación ilegitima de libertad en ningún momento fue notificada al Ministerio Público, por lo que dejó claro que se violó el ordenamiento jurídico, los derechos humanos y constitucionales del funcionario policial.

“Por encima de todo debe existir profesionalismo, en razón que no sólo se atentó contra la integridad de un ser humano sino de una Institución. Hasta ahora, el Oficial Agregado, Julio Alberto Masa no ha sido acusado oficialmente de algún delito, ni siquiera se nos ha manifestado que forma parte de una investigación, por ende, emprenderemos acciones legales para ponerle freno a este tipo de situaciones irregulares que se vienen cometiendo desde hace algunos meses contra nuestros funcionarios y contra la Policía del Táchira”, enfatizó.

De igual forma, añadió el directivo policial que presumen que existe un particular interés en involucrar funcionarios policiales en hechos criminales y delictivos, pues, este caso se suma al suscitado recientemente con el asesinato de la directora del anexo femenino de Santa Ana, donde no se logró comprobar responsabilidad de ningún policía, pese a que cuatro de ellos fueron sindicados y acusados de manera irresponsable.

“La Policía siempre ha colaborado con los demás organismos en la investigación de diferentes hechos, puesto que eso lo establece el principio de cooperación entre poderes e instituciones; además, que no toleraremos que nuestros funcionarios se desvíen del cumplimiento de la ley y del deber, pero siempre actuando con profesionalismo. En este caso, el CICPC tenía que hacer gala de que es un cuerpo científico y de investigación, y no someter a las personas de esta forma tan aberrante, violentando la normativa jurídica. Ellos estaban en la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público en un lapso no mayor de 12 horas, y no privarlo ilegítimamente de su libertad durante 2 días, para luego entregárnoslo, indicándonos irresponsablemente que el funcionario no estaba detenido pese a que estaba esposado y encerrado en un calabozo junto a otros delincuentes”, subrayó.

Finalizó indicando que para este martes, nuevamente el funcionario debe asistir a la sede detectivesca; no obstante, será acompañado por los abogados de la Institución y miembros de la directiva, a fin de evitar que nuevamente sus derechos constitucionales y jurídicos sean vulnerados.